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La Mesa redonda Funciones y responsabilidades del coordinador de seguridad y salud en las obras de edificación, organizada por la Fundación MUSAAT, fue una de las más concurridas de Contart 2009

La Mesa Redonda había generado una gran expectación, siendo muy numeroso el público que acudió a la misma, lo que obligó a los organizadores a habilitar una sala de mayor capacidad en el Palacio de Congresos, para dar cabida a todos los congresistas inter

Participantes de la mesa redonda

En dicha Mesa intervinieron como Ponentes DON GONZALO GIMÉNEZ COLOMA, Subdirector General de Ordenación Normativa del Ministerio de Trabajo e Inmigración, DON JAIME GIL RUBIO, Fiscal Delegado de Jefatura de Siniestrabilidad Laboral de Valencia, DON JUAN IGNACIO MOLTÓ GARCÍA, Inspector de Trabajo, DON ALFREDO J. MARTÍNEZ CUEVAS, Arquitecto Técnico, Profesor Titular de Seguridad y Prevención en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de Sevilla, DON PEDRO LIBRÁN SAINZ DE BARANDA, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha y DON JUAN ANTONIO CAREAGA MUGUERZA, Abogado y miembro del Consejo de Administración de SERJUTECA, S.A.

Todos los Ponentes respondieron a la expectativa creada con unas magníficas intervenciones.

Sería imposible glosar en tan corto espacio todo lo que tan bien nos dijeron cada uno de ellos, sobre las funciones y responsabilidades del Coordinador de Seguridad en el proceso constructivo, por lo que vamos a tratar de hacer un extracto de lo que oímos, a sabiendas de que se nos van a quedar en el tintero algunas o muchas de las cosas que tan acertadamente expusieron.

En primer lugar, pusieron de manifiesto la gran preocupación de todos ellos por la siniestrabilidad laboral, por las víctimas a que daba lugar y por los graves perjuicios que en numerosas ocasiones se les ocasionaban, los cuales deben de ser debidamente reparados. Ahora bien, esto en ningún caso ha de traducirse en una penalización de la conducta de todos o algunos de los agentes que intervienen en el proceso constructivo, salvo que existan unos indicios claros de responsabilidad penal por parte de alguno de ellos. El derecho penal no puede ser empleado como arma arrojadiza para evitar accidentes laborales, máxime cuando a pesar de los muchísimos esfuerzos que al respecto se realizan, y se han de seguir efectuando, no se consigue erradicarlos en un ámbito tan complicado como es el de la construcción. 


Mesa redonda

El derecho penal es el último “cartucho” al que debe de acudirse. También se consideró que la remisión a la vía penal de la siniestrabilidad laboral es una acción que va directamente contra la prevención de riesgos laborales.
Con referencia al Coordinador de Seguridad y Salud, se expuso  que la función de éste es la de coordinar la actuación de las diferentes empresas que concurren en el proceso constructivo. Esta figura, regulada en el R.D. 1627/1997, responde a la necesidad de trasposición de la Directiva Comunitaria 92/57, que ponía de manifiesto la preocupación que suponía la falta de coordinación, debida en particular a la participación simultánea o sucesiva de empresas diferentes en una obra de construcción.

A este respecto, se dijo que de las disposiciones anteriormente indicadas no se puede llegar a la conclusión, como a veces equivocadamente se hace, de que el coordinador sea el encargado de la seguridad de la obra o el vigilante o recurso preventivo de la misma estas misiones corresponden a otros agentes. Demostraron que aquella no es su función en base a las numerosas razones y sentencias que citaron.

También, con referencia al art. 316 del Código Penal, se destacó que quien está obligado a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, es el empresario, o aquel en quien hayan delegado esta función. No debe interpretarse el art. 316, al igual que el 317 y el 318 del Código Penal, a modo de “cajón de sastre” y considerar como posibles sujetos activos de los mismos a cualquiera de los intervinientes en el proceso constructivo.

Así mismo, en referencia a la ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PERÍODO 2007-2012, también se puso de manifiesto que, si bien la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995 fue considerada como una “panacea” en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, la realidad ha sido muy distinta, ya que la siniestralidad no ha descendido como consecuencia de su aplicación, sino que incluso ha aumentado. El descenso de la actividad en la construcción ha supuesto una baja en la siniestralidad laboral, pero sin que sea proporcional al descenso de la misma, por lo que hay que pensar que el problema tiene carácter estructural y no coyuntural. Los excesos normativos, burocráticos y formales para la gestión de la prevención de riesgos laborales llevan a una proliferación documental, que hace muy difícil su comprensión y aplicación por parte del empresario.

El fracaso de la proliferación normativa existente en el ámbito de la siniestralidad laboral ha tenido un efecto de desplazamiento de la actuación administrativa hacia la penal, sin que ello tampoco haya supuesto una solución del problema.
Es totalmente necesaria una unificación de la normativa existente que regule con absoluta claridad cuáles son las obligaciones, en el caso de la construcción, de los distintos intervinientes en el proceso constructivo, sin remisiones genéricas a otras normas y menos aun haciendo uso de normas en blanco.

Una vez terminada la intervención de los Ponentes, hubo un interesante coloquio, en el que intervinieron muchos de los asistentes a la jornada.

Fundación MUSAAT



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